domingo, 16 de mayo de 2010

¿Puede Grecia afectar a ALC?

¿Puede impactar la crisis griega en América Latina y el Caribe, y si impacta, cuáles serían sus efectos? Impactaría si se expande a España porque caería su IED (Inversión Extranjera Directa).

Los países que más IED reciben de Europa son Brasil, México y Chile, y todos registran una IED, general, negativa del: -42; -50 y -16% en el mismo orden, otros países que absorben este tipo de inversiones son Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia, sus IED negativas van del: -990%; -69%; -31% y -18% respectivamente. España ya invertía a finales de 1999 más de 20 mil millones de dólares
Pero parece que ALC está “blindada”, varias son las razones: Un crecimiento económico sostenido, hasta 2007, (CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe) del 4% durante 5 años; una inflación controlada, salvo Nicaragua y Venezuela con un 13% y 30% en 2009. El recién creado fondo de rescate de la UE (Unión Europea) y el FMI de 750 mil millones de euros. Aunque la IED en 2009 fue un 42% menos (77 mil millones de dólares) que en 2009 (132 mil), se espera para este 2010 un repunte del 40%. China ya es el primer socio de las exportaciones de Brasil y Chile, el 2º de Argentina, Perú, Costa Rica y Cuba y 3º de Venezuela y, la revalorización del euro frente al dólar permite que las exportaciones sean más competitivas por tener mejores precios.

No obstante, si llegase el efecto griego, las exportaciones se resentirían (minerales, alimentos, petróleo...). Los empleos en los países de origen, para los emigrantes, escasearían y ello haría caer más a las remesas (en 2009 ALC recibió 58.800 millones de dólares, un 15% menos que en 2008), hay países como México donde el segundo ingreso tras el petróleo son las remesas. El sector servicios, hacia donde se dirigen las principales inversiones sería afectado brutalmente: Telefónica, banca, electricidad. Y la inestabilidad laboral aceleraría el subdesarrollo y la pobreza (44% sobre unos 515 millones de personas), y la capacidad del gasto público en la protección social continuaría en los mínimos del 10% frente al 25% europeo.