miércoles, 27 de mayo de 2009

¿Sabe usted que las tierras del mundo pertenecen a unos pocos?

ANCHORAGE, Estados Unidos, may (Tierramérica ) - Más de 20 millones de hectáreas de tierras en el mundo en desarrollo están en manos de gobiernos y empresas extranjeras, ejemplo de una apropiación agraria que se disparó con la crisis alimentaria del año pasado. Los países ricos, con poco territorio o agua disponible, buscan tierras que les permitan garantizar la seguridad alimentaria de sus poblaciones, dijo Joachim von Braun, director del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés).

El estudio del IFPRI "Expropiación de tierras por parte de inversores extranjeros en países en desarrollo", estima que entre 15 millones y 20 millones de hectáreas han sido compradas o están en operaciones de venta. Eso representa casi la cuarta parte de las tierras cultivables de Europa.
Es difícil conseguir datos fiables, pero el IFPRI calcula que esas operaciones implican inversiones de entre 20.000 y 30.000 millones de dólares procedentes de China, Corea del Sur, India y los estados del Golfo Pérsico o Arábigo, principalmente en África. "Alrededor de la cuarta parte de estas inversiones son para plantar vegetales destinados a elaborar biocombustibles", dijo Von Braun. Hace ya 10 años que China comenzó a subarrendar tierras para producir alimentos en otros países, como Cuba y México. También ha adquirido propiedades en África, donde hay negocios pendientes por millones de hectáreas en la República Democrática del Congo, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabwe, con el añadido de varios miles de trabajadores chinos "importados" para trabajar esas tierras, según el informe.

Sudán tiene la mayor cantidad de tierras de cultivo africanas en manos foráneas, en este caso un grupo de estados del Golfo. El año pasado, Emiratos Árabes Unidos logró varios acuerdos con Pakistán. Qatar tiene tierras agrícolas en Bahrein, Birmania, Filipinas, Indonesia y Kuwait.

La enorme compañía coreana Daewoo Logistics Corporation firmó un acuerdo para subarrendar 1,3 millones de hectáreas en Madagascar, a fin de cultivar maíz y palma aceitera, una presencia que jugó su papel en los conflictos políticos que condujeron al derrocamiento del gobierno este año, según el informe. "El número de acuerdos por tierras es mucho más elevado que el citado por el IFPRI. Nadie revisa esos negocios agrarios privados", dijo Devlin Kuyek, investigador de la organización no gubernamental Grain. Los dos mayores productores porcinos de China pertenecen al banco de inversiones Goldman Sachs", señaló Kuyek. Así, hacendados y agricultores se convierten en empleados, opinó. Pero para cientos de millones de minifundistas, podrían terminar en expulsiones. La mayor parte de las tierras agrícolas africanas son propiedades consuetudinarias, sin títulos formales, según Meinzen-Dick. "Cuando llegan los extranjeros a comprar tierras no reconocen esos derechos tradicionales, que deben respetarse", dijo a Tierramérica.
Von Braun ve un gran potencial en esos negocios, porque llevan capitales muy necesarios a sectores agrícolas de los países pobres, impulsando la infraestructura y la investigación. "China está creando varias estaciones de investigación en África para estimular los rendimientos del arroz y los granos", dijo. Kuyek discrepó. "Esas inversiones no tienen nada que ver con el desarrollo agrícola. Se trata de hacer dinero y despachar alimentos a los mercados de origen", sostuvo.

Las empresas procesadoras e incluso vendedores minoristas de alimentos están involucrados en el negocio porque les importa garantizar la "seguridad de suministro" del modo más eficiente posible, dijo Janice Jiggins, del Instituto Internacional para el Ambiente y el Desarrollo, en Londres. Uno de los mayores bancos del mundo, el Rabobank de Holanda, es uno de los principales financiadores de este tipo de acuerdos, dijo Jiggins a Tierramérica por correo electrónico. El último informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Olivier de Schutter, detalló las implicancias legales de esos negocios y advirtió que violan derechos adquiridos, consagrados por leyes, constituciones y tradiciones, afirmó Jiggins.

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